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El CELS advirtió “hostigamiento” a Milagro Sala para pasarla de detención domiciliaria a cárcel común



“La sentencia de la Corte Suprema no modifica la obligación del Estado de proteger la salud física y psíquica de la dirigente social, tal como lo exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, argumentó el CELS en un comunicado.


 

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la sentencia de la Corte Suprema respecto a la condena de la dirigente social Milagro Sala “no modifica la obligación del Estado de proteger su salud física y psíquica” y advirtió que cualquier regresión “significa una profundización del hostigamiento contra ella”, al rechazar el pedido de los fiscales para que pase a cumplir pena en cárcel común.

“La sentencia de la Corte Suprema no modifica la obligación del Estado de proteger la salud física y psíquica de la dirigente social, tal como lo exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señalaron desde el organismo ante la prensa. Su traslado a prisión domiciliaria, explicaron, fue “ordenado por el tribunal internacional ante su delicado estado de salud”, por lo tanto “cualquier regresión en ese sentido significa una profundización del hostigamiento contra ella”.

 

El CELS se pronunció de esta forma luego de que el pasado 13 de diciembre la Corte Suprema dejara firme la condena a 13 años de la dirigente de la Tupac Amaru y tras el pedido de los fiscales de Estado de Jujuy y de Ejecución para que Sala pase a cumplir pena en cárcel común.

 

Desde el CELS, consideraron que se trata de “una decisión que vulnera las exigencias que hizo la CIDH en el caso” y que forman parte “de una sucesión de hechos de hostigamiento y criminalización contra ella y la Tupac Amaru”, que “buscaron desde sus inicios desactivar protestas que la organización llevaba adelante en Jujuy”.

La CIDH le exigió al Estado argentino en noviembre de 2017 adoptar “las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud” de Sala, recordó el organismo de derechos humanos. En función de esta orden, en diciembre de ese año, la líder de la agrupación Tupac Amaru pasó de un arresto bajo un régimen penitenciario a un arresto domiciliario.

 

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