Tras la denuncia penal de Grabois, Petovello deberá dar explicaciones a la Justicia por interrumpir la ayuda alimentaria en comedores populares

7 mayo, 20248 mayo, 2024 Revista Tiempo 30

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La ministra de Capital Humano dispone de diez días para presentar su descargo en la causa por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario. La denuncia de Juan Grabois.

Sandra Pettovello tiene que responder en los próximos las acusaciones en su contra por interrumpir la entrega de alimentos a comedores populares; una denuncia impulsada por el referente social Juan Grabois que fue aceptada por la Justicia bajo la figura de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, por lo que la dirigente deberá presentar un descargo con explicaciones y detalles de las erogaciones de la cartera.

La decisión política del gobierno de Milei fue dejar afuera de la entrega de alimentos a los comedores que dependen de las organizaciones sociales. El Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Piquetero, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, La Dignidad, el Polo Obrero, el Frente Popular Darío Santillán y La Poderosa son sólo parte de las agrupaciones que se han visto afectadas. Algunos comedores y merenderos han tenido que cerrar, cuentan en las agrupaciones, y otros abren sus puertas con menos frecuencia. En este escenario, las cuatro millones de personas (en su mayoría niños, niñas y adolescentes) que se alimentan en estos espacios son las perjudicadas.

Así lo explica la denuncia que hizo a comienzos de febrero el dirigente social Juan Grabois, en la que acusa a Pettovello de incumplimiento de sus deberes como funcionaria. Desde entonces, Capital Humano se dedicó a anunciar nuevas licitaciones de alimentos y a convocar a instituciones religiosas para ocuparse del reparto porque parten de la desconfianza hacia los movimientos sociales, a los que decidieron desplazar de plano de la intermediación, y en este caso de todo. Dejaron el asunto en manos de la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) y de Cáritas que, según el Gobierno, ya empezaron a repartir comida en 1900 sitios propios. El Registro Nacional de Comedores Comunitarios (ReNaCOM) se implementó a partir de 2020 y los que figuran allí son los que pueden hacer convenios. Según la denuncia de Grabois, están inscriptos 41.253.

La presentación judicial precisaba que los comedores reciben alimentos y fondos esencialmente por dos vías: una es el actual Ministerio de Capital Humano (con las prestaciones de Alimentar Comunidad y del plan nacional Argentina contra el Hambre que incluye el Programa de apoyo a comedores); la otra es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este último lo hace a través del Proyecto Abordaje Comunitario, que provee dinero para comprar alimentos y que sean entregados en bolsones. Para esto no se pedía el registro en el ReNaCOM. Son acuerdos de tres meses que se auditan y se pueden renovar. Algunas organizaciones preferían entregar los alimentos cocinados y pedían permiso para eso.

Las organizaciones, como también señalaba la denuncia, dejaron de recibir esa ayuda del PNUD, que llegaba en forma directa. Esto explica que otra de las medidas pedidas por la fiscalía de Ochoa sea que Capital Humano puntualice “el detalle de los desembolsos del Proyecto PNUD” y que lo haga desde enero de 2023 hasta febrero de 2024. Todo indica que busca establecer una comparación sobre como se distribuyeron los fondos de ese programa durante el último año del gobierno anterior y los primeros de este, ya con la gestión de Milei.

“Liquidaron el remanente y no repusieron nada. Esto significa que se suspendió la ejecución del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que abastecía de alimentos y auditaba los comedores a pesar de que los fondos se encuentran disponibles, configurando no solo una inmoralidad intolerable, sino que además constituye un delito”, indicaba el escrito de Grabois.

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