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Se trata de Diego José Álvarez, ex jefe de la Comisaría 7ª de Rosario y absuelto en la causa por la muerte de Franco Casco. La denuncia, presentada ante el Procurador General, alega que los fiscales manipularon pruebas para intentar revertir las absoluciones dictadas en 2023.
El comisario retirado Diego José Álvarez, uno de los 19 policías que llegaron a ser absueltos por el Tribunal Oral Federal número 2 en el caso Franco Casco, presentó una denuncia formal ante el procurador general de la Nación contra el fiscal federal Óscar Fernando Arrigo y el fiscal Marcelo De Giovani. El escrito no es un mero reclamo administrativo revela el portal SUMARIO Noticias; es un dossier que desnuda lo que la defensa considera una «militancia judicial» que, por encima de la prueba objetiva, buscó una condena a cualquier precio . Álvarez acusa a los fiscales de «mal desempeño», de usar «afirmaciones falsas, incompletas y contradictorias» y de haber «engañado» a la Cámara de Casación para que anulara un fallo que había decretado la libertad de todos los acusados. La denuncia pide el apartamiento de los fiscales y la investigación de eventuales delitos penales por falsedad ideológica.
Franco Casco, un joven albañil de 20 años oriundo de Florencio Varela, desapareció el 7 de octubre de 2014 tras ser detenido por personal de la Comisaría 7ª de Rosario por «resistencia a la autoridad». Fue liberado esa misma noche, pero su cuerpo apareció sin vida en el río Paraná días después. El caso se convirtió en un emblema de la violencia institucional, con marchas, repudios en el Congreso y el pedido de penas perpetuas para los 19 policías acusados, describe en la nota el periodista Miguel Ponce de León. Sin embargo, el largo juicio oral, que duró más de un año y medio, terminó en julio de 2023 con la absolución de todos los imputados en un fallo dividido que fue recibido con decepción por las organizaciones de derechos humanos. La fiscalía y las querellas apelaron, y la Cámara Federal de Casación Penal, con el impulso de los fiscales, anuló esas absoluciones. Para la defensa, esta anulación se logró sobre la base de una construcción jurídica artificiosa.
El primer gran pilar de la denuncia es la evidencia médica. Se realizaron cuatro autopsias al cuerpo de Casco, todas coincidentes en descartar lesiones traumáticas y apuntar a una asfixia por sumersión como causa de muerte. El médico forense Raúl Rodríguez descartó torturas por falta de elementos objetivos, y la histopatóloga de la Corte Suprema, Adriana D’Addario, detectó marcadores de ahogamiento. A pesar de este consenso científico, el fiscal Arrigo basó su recurso de casación casi exclusivamente en la pericia de la doctora Virginia Creimer. La denuncia sostiene que Arrigo privilegió una pericia de parte por sobre las conclusiones del cuerpo médico forense oficial. Esto adquiere más relevancia a la luz de que Creimer ha sido denunciada en otras causas por un supuesto «modus operandi» que consiste en presentar pericias que generan «culpabilidades que no existen» para obtener millonarias indemnizaciones del Estado, con un «show» en las salas de audiencia y conclusiones sin base científica que fueron desautorizadas por otros tribunales .
«Es la primera vez que veo un fiscal tan embanderado en una causa, pero tan embanderado al límite de deslizar mentiras como hizo en un escrito jurídico firmado.» – Dr. Rodrigo Mazzuchini, abogado defensor
El segundo pilar, y quizás el más grave, es la manipulación de la prueba testimonial. De los 33 testimonios del juicio, 17 fueron desincriminantes para la policía, pero la fiscalía construyó su caso casi exclusivamente sobre los dichos del testigo Pablo Arguello, un detenido que dijo haber visto todo desde su celda . Sin embargo, el Libro Memorándum de Guardia contradice a Arguello, ya que lo ubica en un sector distinto, separado por paredes, que le impediría la visión directa . Además, Arguello reconoció haber recibido beneficios a cambio de su testimonio: «No me prometieron, me cumplieron» . El abogado Mazzuchini asegura que contrastaron los dichos del fiscal con los videos del juicio: «Contrastamos sus dichos con los vídeos del juicio, donde los testigos no dicen lo que él transcribe y le muestra a la Cámara de Casación Penal» . Para el letrado, la contradicción es «incontrovertible», y Arrigo engañó a los jueces de Casación para que anularan las absoluciones. El comisario Álvarez fue contundente: «Arrigo logró que el Tribunal de Casación anule, en principio, una resolución absolutoria mintiendo sobre la prueba. Es decir, indujo a estos jueces a dictar una resolución contraria a la prueba fáctica rendida en juicio. Y lo hizo a sabiendas, no por desconocimiento o error» .
«Sabemos que la Corte de Casación fue engañada por el doctor Arrigo, me animo a decirlo con total tranquilidad porque conozco la causa desde sus primeros inicios.» – Dr. Rodrigo Mazzuchini
La denuncia también destapa una serie de irregularidades en el manejo de la prueba documental y fílmica. Videos que mostrarían a Casco caminando por la vía pública horas después de su liberación permanecieron «ocultos» en la Fiscalía hasta que el propio Tribunal los dio a conocer en diciembre de 2021 . Además, la defensa denuncia que la declaración del fiscal de Flagrancia, Álvaro Campos (hoy juez), que convalidó el procedimiento policial, fue ignorada por Arrigo en su recurso . Incluso la acusación cambió su teoría del caso en tres oportunidades, algo que la defensa considera una muestra de su falta de pruebas . Esto forma parte de un patrón que la defensa asocia con el «Protocolo Creimer»: una construcción de la culpabilidad por factores sociológicos y mediáticos, alejados de la prueba judicial. El caso, que una vez conmovió a la opinión pública como un ejemplo de la violencia del Estado, ahora se debate en la Corte Suprema, mientras una denuncia por «falsedades» sacude los cimientos de la actuación fiscal que logró reabrirlo, concluye Miguel Ponce de León para SUMARIO Noticias.
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