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La Justicia frena el desmantelamiento del gobierno de Milei de programas contra la violencia de género


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La Justicia ordenó al Gobierno no avanzar con la reducción de recursos en programas clave para la protección de mujeres víctimas de violencia de género, tras una medida cautelar solicitada por organizaciones sociales. El Ejecutivo impugnó la decisión, pero aún no ha demostrado cómo garantizará la continuidad de los servicios.


 

Estamos contigo', la campaña contra la violencia de género | RTVE

 

El juez Enrique Alonso Regueira, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 1, ordenó que el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, detenga la reducción de personal e infraestructura de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Esta decisión fue tomada tras una solicitud de diversas organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

En su resolución, Alonso Regueira indicó que el Ministerio no ha presentado pruebas suficientes para demostrar que los programas seguirán funcionando adecuadamente ni cómo se garantizarán los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad. “No ha presentado constancia alguna que permita demostrar que se esté garantizando la prestación mínima obligatoria en los términos de la Ley de Protección Integral de las Mujeres”, afirmó el juez.

 

Lo que tenés que saber

  • La Justicia ordenó al Gobierno suspender la reducción de recursos para la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.

  • El pedido fue realizado por organizaciones sociales y ONGs.

  • El juez Enrique Alonso Regueira dictó una medida cautelar que obliga al Ministerio de Justicia a frenar el desfinanciamiento.

  • El Gobierno impugnó la resolución, pero aún no ha demostrado cómo mantendrá los programas.

  • La Cámara Contencioso Administrativo Federal debe definir si acepta el recurso del Ejecutivo.

 

El juez Alonso Regueira destacó la falta de documentación que respalde las afirmaciones del Gobierno sobre la reorganización de los programas. Además, señaló que esta indefinición es incompatible con el principio de progresividad en la satisfacción de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Según el magistrado, la falta de claridad sobre cómo se garantizarán estos derechos constituye una vulneración del umbral mínimo de cumplimiento de la ley en todo el país.

 

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