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La Misión Internacional de DDHH releva en Jujuy testimonios de violaciones del gobernador Morales a los derechos humanos



Determinó “situaciones de terror generalizada” el relevamiento que hizo la delegación del organismo, integrada por referentes sociales, políticos y sindicales que recibió más de 150 denuncias en sus visitas a Purmamarca, Tilcara, Abra Pampa, Uquía, Perico y San Salvador de Jujuy.


 

La Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyó su trabajo de relevamiento y toma de testimonios a las víctimas de la represión policial en Purmamarca y San Salvador de Jujuy y advirtió sobre situaciones de “terror generalizado y de represión policial amplificada”. 

 

“La Misión de Solidaridad Internacional de DDHH releva en Jujuy testimonios de violaciones del gobernador Morales a los derechos humanos”.

 

Así lo anticipó este lunes Gonzalo Armoa, integrante de la delegación, quien reveló que “cuando uno ve la cantidad de heridos de bala de goma, más de 20 disparos en el cuerpo, en otro 13, no es que tienen un solo disparo, tienen muchos; y los que tienen pocos por lo general son en el pómulo, ojos, cejas o área del cuerpo prohibidas no solo nacional sino internacionalmente”. 

El trabajo realizado por el equipo de referentes sociales, políticos y sindicales permitió la recepción de más de 150 denuncias en sus visitas a Purmamarca, Tilcara, Abra Pampa, Uquía, Perico y San Salvador de Jujuy.

 

 

“Lesiones en zonas vitales como pecho y espalda; sobre todo nos llamó la atención heridas de bala a gente mayor gente de las comunidades, muchos jóvenes con disparos en la cara, moretones que podría darse a entender que son de piedrazos y gente que ha respirado gases sufriendo irritación en su garganta y ojos”, explicó Armoa a la agencia Télam. 

Según dijo, las víctimas brindaron testimonios “mostrando sus heridas de bala y de piedras que les arrojó la Infantería y denunciaron que sufrieron situación de persecución, amenazas de pérdida de trabajo y amenazas telefónicas”.

Además, observaron situaciones de “criminalización y revictimización de muchas de las personas heridas o incluso detenidas arbitrariamente”.

Los hechos de represión

El sábado 17 de junio, en la intersección de las rutas nacionales 9 y 52 en la entrada a Purmamarca, efectivos de Infantería de la policía reprimieron en cuatro ocasiones a manifestantes que cortaban el tránsito y hubo heridos con balas de goma y casi 30 detenidos. 

Los ataques se produjeron en medio de protestas de comunidades originarias y organizaciones sociales en el norte de Jujuy, en apoyo a diversas demandas y contra la reforma parcial de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente.

El 20 de junio hubo otra violenta represión policial frente a la Legislatura provincial, mientras se aprobaba y juraba la nueva Constitución, con más de 170 heridos y 68 detenidos. 

“Además de reprimir a los docentes, sindicatos y a los movimientos sociales han reprimido comunidades enteras, gente que en su vida habían tenido algún tipo de participación activista, política y demás y que estaban en los cortes en solidaridad con su propia comunidad o pueblo”, remarcó Armoa. 

Los profesionales que llegaron a Jujuy verificaron que entre los heridos había “señoras mayores, niños, adolescentes, gente de pueblo que nunca había estado movilizando pero que han sido reprimidas con balazos de goma, palazos, han respirado gases lacrimógenos vencidos que pueden tener una toxicidad letal y está prohibido por los protocolos antimotines”. 

Un informe preliminar 

Después de procesar la información harán un informe preliminar para luego elevarlo a distintas instancias internacionales como la ONU, OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ONG’s internacionales y a todos los organismos competentes ya sea judiciales como legislativos y ejecutivos del ámbito nacional. 

Será un “informe detallado con todos los derechos y leyes que se violentaron a la hora de la represión y sobre todo una situación contextual que es la que también explica por qué se llega a ese momento represivo”, indicó Armoa.

Explicó que los hechos se registraron “en un contexto de reforma constitucional, de bajos salarios casi de miseria, falta de acceso al agua y a servicios en muchas de las comunidades”. Y advirtió que “gran parte de los medios de comunicación locales y nacionales han construido y avalado la represión”, por lo que “no se puede pensar en un esquema represivo sino en una legitimación por parte de distintos medios y aquí lo hemos constatado”.

Armoa alertó sobre represiones “intempestivas” pues “muchos fueron reprimidos cuando pasaban por los cortes, que es lo que denuncian todos, gente común que no está habituada a situación de enfrentamiento que no podían entender por qué la policía les estaba disparando”.

 

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