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“Rechazo categórico” del ministro Soria a la ley que busca ampliar las competencias del Tribunal Superior de Justicia porteño



Junto al presidente de la Cámara Nacional de Casación en la Criminal y Correccional de la Capital Federal, Mario Magariños; y al vicepresidente de la Sala II, Daniel Morín, el ministro de Justicia y Derechos Humanos expresó un “rechazo categórico” a la ley que busca ampliar las competencias del Tribunal Superior de Justicia porteño.


 

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; el presidente de la Cámara Nacional de Casación en la Criminal y Correccional de la Capital Federal, Mario Magariños; y el vicepresidente de la Sala II, Daniel Morín, expresaron un “rechazo categórico” a la ley que busca ampliar las competencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño.

“Si el Jefe de Gobierno (porteño, Horacio Rodríguez Larreta) avanza con la promulgación, deberán tomarse las medidas institucionales que sean necesarias para evitar la implementación de una norma que podría afectar el normal desenvolvimiento de las instituciones judiciales en la Ciudad”, coincidieron Soria y las autoridades del máximo tribunal penal de la Justicia Nacional, así como también el secretario de Justicia, Juan Martín Mena.

Así lo informa un comunicado difundido este lunes por el ministerio en el que da cuenta del encuentro que mantuvieron Soria, Mena, Magariños y Morín el último viernes.

“Hay un sector político que se llena la boca hablando de las instituciones, pero después aprueba leyes claramente inconstitucionales. Si el Jefe de Gobierno promulga la ley, estará priorizando el interés de su jefe político por sobre la seguridad de todos los porteños y porteñas”, señaló el comunicado.

Los camaristas indicaron, por su parte, que “pretender modificar la jurisdicción y competencia nacional mediante el dictado de una ley local no sólo resulta incomprensible, es ante todo contrario a la legislación nacional específica, a la Constitución de la Nación e, inclusive, a la Constitución de la CABA”.

Durante la reunión se analizaron las consecuencias que tendría esta ley en caso de ser promulgada.

Los funcionarios estuvieron de acuerdo con que esta norma “pasa por alto que una ley local carece de fuerza vinculante respecto de la actuación de los tribunales que integran el Poder Judicial Nacional”.

En este sentido, el ministro de Justicia indicó que desde Juntos por el Cambio “se llenan la boca hablando de la lucha contra la delincuencia” pero después “inventan este engendro que sólo va a provocar demoras en todos los expedientes penales que tramiten en la ciudad, varias prescripciones y, por lo tanto, impunidad”.

Los camaristas se hicieron eco de esa situación y declararon que la ley genera “un verdadero descalabro institucional” para el Poder Judicial y “para todo habitante de la Nación, en tanto la norma en cuestión ocasionará un grave riesgo para el legítimo derecho de contar con una administración de justicia independiente, imparcial y eficiente”.

 

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