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FUERTE REPUDIO DE LOS JUDICIALES POR LA DEMORA DEL JURY A FERNÁNDEZ GARELLO


| DERECHOS HUMANOS | Fernández Garello procesado por delitos de lesa humanidad. El Jurado de Enjuiciamiento no pudo sesionar el jueves 26 de septiembre por falta de quórum a raíz de la ausencia de legisladores de Cambiemos y del Frente Renovador. Fuerte repudio de la AJB


|La no asistencia de los legisladores privó del quórum necesario para que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados diera tratamiento el pasado jueves 26 de septiembre al nuevo pedido de apertura del proceso de destitución del actual Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello.

La denuncia contra el fiscal fue formulada por la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina, entre otras organizaciones sindicales y de derechos humanos.

Maniobra dilatoria

Esta maniobra dilatoria pospone la decisión sobre el inicio del juicio político que decidirá la suerte final del Fiscal General así como su apartamiento preventivo mientras se lleva adelante el proceso.

Fernández Garello procesado por delitos de lesa humanidad

Fabián Fernández Garello

Cabe recordar que Fernández Garello se encuentra procesado en la justicia federal por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, a partir de su rol como integrante de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el secuestro y torturas de militantes políticos.

La AJB junto al resto de organismos exigen la convocatoria a un nuevo Jury

“Ante la falta de quórum provocada por legisladores que tenían la obligación de garantizar su presencia, la AJB junto al resto de organismos que impulsamos la acusación a Fernández Garello, exigimos la urgente convocatoria a una nueva sesión del Jurado de Enjuiciamiento”, señaló Mariano Fernández, Secretario de Derechos Humanos de la AJB.

“Esperamos que el compromiso democrático y la responsabilidad político-institucional de los integrantes del jurado prime por sobre la protección política que hasta el día de hoy sostiene al Fiscal General en su cargo. La permanencia de magistrados y funcionarios judiciales involucrados en la comisión de delitos de lesa humanidad es incompatible con el Estado democrático de derecho”, agregó Fernández.

 


 

 

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