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Legisladores argentinos y referentes de organismos de Derechos Humanos fueron expulsados de Bolivia. “Estuvimos secuestrados con represión policial” denunciaron.
Los gobiernos de Bolivia y Argentina mienten. Expulsaron a la Misión para ocultar lo que está por pasar en Bolivia. Reclamamos que la CIDH y la ONU se constituyan de forma urgente en territorio boliviano. La Misión, conformada a pedido de organismos de DDHH, diputadas y… pic.twitter.com/wLPGO8V3mQ
— Juan Marino (@JuanMarinoTPR) June 15, 2026
El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira impidió la fiscalización de las violaciones a derechos humanos que se llevan adelante en Bolivia y deportó a legisladores argentinos y referentes de organismos de Derechos Humanos que integraban una Misión Humanitaria.
“Los gobiernos de Bolivia y Argentina mienten. Expulsaron a la Misión para ocultar lo que está por pasar en Bolivia. Reclamamos que la CIDH y la ONU se constituyan de forma urgente en territorio boliviano”.
“La Misión, conformada a pedido de organismos de DDHH, diputadas y diputados, sindicatos y organizaciones sociales, seguirá recepcionando denuncias y bregando por el respeto a los Derechos Humanos del hermano pueblo boliviano”.
La comitiva que llegó este lunes a la madrugada al aeropuerto de El Alto está integrada por el diputado nacional de Fuerza Patria (FP) Juan Marino; Vanina Biassi, legisladora de la Ciudad por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO); Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys; María José Cano de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A); y Alejandrina Barry, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros: les retuvieron los documentos, los obligaron a arribar un avión hacia a ciudad boliviana de Santa Cruz y ya se encuentran en viaje, nuevamente hacia Argentina
Reclamos desde la Argentina
Luego de conocerse la situación, dirigentes políticos argentinos expresaron su rechazo a la decisión adoptada por el gobierno boliviano. El presidente del bloque de diputados de Fuerza Patria, Germán Martínez, reclamó que se garantizaran las condiciones necesarias para que los integrantes de la misión pudieran desarrollar las tareas para las que habían sido invitados.
Además, solicitó la intervención de las autoridades consulares argentinas para resguardar la integridad de los miembros de la delegación.
A través de un documento difundido tras la expulsión, los integrantes de la misión sostuvieron que habían sido convocados por legisladores, organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil boliviana. En ese texto afirmaron que el viaje tenía como finalidad relevar denuncias relacionadas con actuaciones estatales durante protestas y conflictos sociales registrados en el país.
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“Esta misión fue convocada por legisladores, organizaciones sociales y población civil del país vecino con el fin de que se releven las incesantes violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal que se ejecuta para impedir el legítimo y constitucional derecho a la protesta del pueblo boliviano. La expulsión de la misión constituye una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos”, sostuvo el comunicado que emitió la Misión Humanitaria.
Asimismo, subrayaron que esta situación “atentó contra los fueros diplomáticos” de los legisladores Marino y Biasi, que forman parte de la delegación, y calificaron el accionar de Paz Pereira como “dictatorial”.
“La represión estatal y paraestatal que impulsa el gobierno boliviano ya contabiliza una decena de asesinatos, además se denuncian centenares de presos políticos con padecimientos de torturas en los lugares de detención; ausencia de asistencia médica a los heridos; secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y pueblos originarios; agresiones a la prensa durante las protestas; estigmatización de los manifestantes; actos de discriminación y racismo. Llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales a estar alertas ante la situación por la que está pasando la Misión Humanitaria”, concluyeron.
Asimismo, calificaron la decisión de impedir su ingreso como una medida contraria a los objetivos de observación que buscaban desarrollar y cuestionaron el accionar de las autoridades bolivianas. La deportación de la delegación generó repercusiones políticas tanto en Bolivia como en Argentina y abrió un nuevo foco de controversia en torno a la situación institucional que atraviesa el país vecino.
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