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El proyecto de Ley impulsado por el diputado jujeño Guillermo Snopek propone garantizar el suministro para uso vital, impedir cortes por falta de pago y obligar al Estado a invertir en infraestructura.

Diputados de Unión por la Patria buscan reconocer de forma expresa y por ley el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental en todo el territorio argentino. La iniciativa, que fue presentada en la Cámara de Diputados de la Nación, tiene como meta principal garantizar la disponibilidad universal, saludable y asequible de este recurso crítico para la supervivencia.
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El proyecto es impulsado por el diputado Guillermo Snopek (Unión por la Patria – Jujuy) y cuenta con el acompañamiento de sus pares de bancada Nicolás Trotta, José Glinski, Santiago Roberto y Jorge Chica Muñoz.
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De acuerdo con el texto parlamentario, el objetivo es establecer por norma que toda persona tiene derecho a acceder al agua destinada al uso personal y doméstico en condiciones “suficientes, saludables, aceptables, accesibles y asequibles”. Esta definición fija un estándar integral de cumplimiento obligatorio para el Estado en cada una de las jurisdicciones del país.
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Inversión obligatoria y freno a los cortes de suministro
Uno de los ejes centrales de la propuesta establece el deber de las autoridades gubernamentales de planificar y ejecutar obras de infraestructura hídrica. Para ello, el proyecto estipula la asignación de recursos presupuestarios de manera progresiva y en el “menor plazo técnicamente posible”, con el fin de revertir los déficits estructurales de acceso. Asimismo, promueve mecanismos de participación ciudadana y garantiza el libre acceso a la información ambiental ligada a la gestión del recurso.
En el plano social, la medida introduce una cláusula de fuerte impacto para los usuarios: prohíbe de manera tajante la interrupción total del servicio de agua potable en casos de falta de pago. En esas circunstancias, las empresas prestatarias del servicio estarán obligadas a mantener un caudal mínimo e indispensable que asegure la subsistencia de los habitantes del hogar.
Para asegurar la efectividad de la norma, el texto habilita canales de protección legal, permitiendo que cualquier ciudadano que vea vulnerado este derecho pueda recurrir tanto a la vía administrativa como a la judicial para exigir su inmediato cumplimiento.

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Los fundamentos del debate
Al momento de argumentar los fundamentos de la iniciativa, el diputado Snopek advirtió que, si bien la jurisprudencia argentina ya cuenta con fallos históricos de la Corte Suprema de Justicia —como el emblemático caso “Kersich”—, en la práctica el ejercicio de este derecho sigue condicionado a la capacidad económica y logística de los ciudadanos para litigar en los tribunales, lo que profundiza las desigualdades sociales.
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El proyecto recupera además directrices del derecho internacional, recordando que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) ya declaró en el año 2010 al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial para la vida y el resguardo de la salud.
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Por otra parte, los autores contextualizaron la urgencia de debatir este marco regulatorio tras las recientes modificaciones aplicadas a la Ley de Glaciares, cambios que, según manifestaron, redujeron los niveles de protección ambiental vigentes y reactivaron las alarmas sobre la disponibilidad futura y estratégica de las reservas hídricas del país.
De obtener el respaldo de ambas cámaras en el Congreso, la ley declarará formalmente de “interés público” el uso racional, equitativo y sustentable del agua, transformando el acceso al recurso en un derecho plenamente exigible ante el Estado y blindando las condiciones mínimas de dignidad de la población.
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