Nuevo “escándalo” en Capital Humano: “Denuncian a Pettovello y otros funcionarios en la Justicia por negociaciones espurias y lavado de dinero”
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Ahora la acusación contra la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, apunta a los contratos tercerizados a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
La ministra Sandra Pettovello y parte de la plana mayor del Ministerio de Capital Humano fueron denunciados nuevamente, esta vez por los contratos tercerizados a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para funcionarios que no trabajaban en el área de Niñez de esa cartera.
La denuncia fue presentada por el periodista de investigación Christian Sanz y acusa a los funcionarios de “abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, lavado de dinero y violación de tratados concluidos con naciones extranjeras”.
“Este esquema criminal de generación y redistribución de fondos sirvió de matriz a la Ministra para firmar los escandalosos convenios con la opaca OEI, encontrándose detrás de los hermanos Pablo y Joaquín De La Torre el grupo político conocido como ‘La banda del Opus Dei’”, expresó Sanz.
Además de Pettovello, fueron acusados Luis María Scasso, de la OEI y beneficiarios de los contratos que se mencionan, entre ellos José Richards, Sebastián Pareja, Agustín Romo, Joaquín De La Torre, Nahuel Sotelo, Santiago Santurio y Carlos Torrendel.
La denuncia se suma a otras que fue sumando la cartera social luego de que se destapara el escándalo por el almacenamiento de productos que no fueron repartidos a comedores, la cual había hecho el dirigente social Juan Grabois en febrero de este año pero que recién se conoció a fines de mayo.
El hecho generó que Capital Humano, luego de apelar incluso una orden de la Justicia para presentar un plan de distribución de dichos productos, echara al secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, a quien incluso denunció. También devino en el reconocimiento de que había artículos prontos a vencerse en julio, algo que había sido negado por el Gobierno.
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