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Juliana Di Tullio presentó un proyecto de ley para flexibilizar el llamado a consulta popular



La senadora por el Frente de Todos propuso eliminar la imposibilidad de que la consulta coincida con un acto eleccionario, lo que aseguró “favorecerá a una mayor afluencia de la población y a una gran reducción de costo.


 

La senadora por el Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, presentó viernes un proyecto de ley para flexibilizar el llamado a consulta popular y que pueda coincidir con las fechas en las que se celebren elecciones nacionales.

El proyecto es similar a uno que la semana pasada presentó su compañero de bancada, el neuquino Oscar Parrilli.

La iniciativa de Di Tullio modifica el artículo 14 de la Ley 25.432 de Consulta Popular que, en su actual redacción, establece que”el día fijado para la realización de una consulta popular, no podrá coincidir con otro acto eleccionario”.

Por el contrario, el cambio propuesto por la senadora bonaerense establece taxativamente que “el día fijado para la realización de una consulta popular, podrá coincidir con otro acto eleccionario”.

Para que cumpla con ese objetivo, el proyecto deroga el artículo 12 de la Ley que establece que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial de la República Argentina”.

En sus fundamentos, la senadora oficialista entiende que “una de las causas por la cual no ha sido plasmado el instituto” de la consulta popular en la Argentina “radica en el carácter excesivamente restrictivo de su ley reglamentaria” sancionada en 2001.

Según Di Tullio, eliminar la imposibilidad de que la consulta coincida con un acto eleccionario “favorecerá a una mayor afluencia de la población y a una gran reducción de costos”.

Asimismo, mencionó en su proyecto el mismo ejemplo que el neuquino Parrilli: la consulta popular llevada a cabo en septiembre en Berlín “en el que sus habitantes fueron convocados a una consulta no vinculante respecto a la posibilidad que el gobierno expropie a las grandes empresas inmobiliarias poseedoras de miles de viviendas, con el objetivo de lograr bajar el precio de los alquileres”.

 

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