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Legisladores nacionales, bonaerenses y porteños del Frente Renovador liderado por Sergio Massa, presentaron distintas propuestas para atender una problemática que alcanza a 20 millones de argentinos y mantiene a cerca de siete millones en situación de mora o cesación de pagos. La introducción estuvo a cargo de José Ignacio “Vasco” de Mendiguren, quien explicó que “desde la Fundación Encuentro, además de trabajar el día a día porque la gente necesita soluciones, también tenemos muy presente el adónde vamos”.
Representantes del Frente Renovador liderado por Sergio Massa reclamaron una intervención del Estado frente al crecimiento del sobreendeudamiento familiar y cuestionaron la desregulación de las tasas de interés y las comisiones financieras. El planteo se realizó durante un conversatorio organizado en la Legislatura bonaerense por la Fundación de Estudios para la Justicia (Fundejus) y la Fundación Encuentro.
Estuvieron presentes los legisladores Guillermo Michel, Malena Galmarini, Rubén Eslaiman, Alexis Guerrera, Marcos Pisano, Valeria Arata, Ayelén Rasquetti, Germán Di Cesare, Juan Malpeli, Roberto Vázquez, Carlos Puglelli, Sofía Vannelli, Luciana Padulo y Francisco Caporiccio; también acompañaron el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci; funcionarios judiciales, funcionarios y legisladores provinciales, entre otros y otras.
🏛️Hoy en el anexo de la @HCdiputadosba se llevó a cabo una charla/debate donde se abordó la problemática de LAS FAMILIAS SOBREENDEUDADAS, un mal que aqueja a la gran mayoría de los y las Bonaerenses y de todo el pueblo Argentino.
Y que el Gobierno Nacional no hace más que poner… pic.twitter.com/JjWXYr9uUB
— Ruben Eslaiman (@RubenEslaiman) August 25, 2026
La introducción estuvo a cargo de José Ignacio “Vasco” de Mendiguren, quien explicó que “desde la Fundación Encuentro, además de trabajar el día a día porque la gente necesita soluciones, también tenemos muy presente el adónde vamos”. Expusieron el Dr. Claudio Fede, juez de Cámara de San Martín; el diputado nacional Guillermo Michel; el legislador porteño Francisco Caporiccio; y la legisladora bonaerense Sofía Vannelli, quienes presentaron proyectos que alcanzan el nivel nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires.
El diputado nacional Guillermo Michel apuntó contra el argumento oficial. “El Gobierno cuando dice que el sobreendeudamiento familiar es un problema entre privados está mintiendo con un rasgo de cinismo muy importante”, sostuvo, y recordó que el mismo Gobierno congela salarios y jubilaciones mientras desregula los topes a las tasas y a las comisiones a través del decreto 70/2023.
Además, es importante recordar que Michel presentó cuatro proyectos para hacerle frente a esta problemática: usar los Fondos de Garantía de Sustentabilidad para refinanciar deudas de hasta un millón y medio de pesos a tasa razonable; una presentación ante la Autoridad de Defensa de la Competencia para transparentar tasas y auditar cómo las billeteras arman el scoring con datos de redes sociales; la suspensión de los débitos automáticos sobre AUH y prestaciones de la seguridad social; y un sistema público de pagos digitales al estilo del PIX brasileño. En esta línea, el diputado nacional definió: “No queremos refinanciar al que se compró un auto o al que accedió a una casa, sino al que se endeudó para comer”.
En el ámbito bonaerense, la legisladora Sofía Vannelli aportó los números del deterioro: el 91,7% de los hogares mantiene al menos una deuda activa y la deuda bancaria típica pasó de representar 1,5 a 3,5 salarios promedio en tres años, destinada a alimentos, alquiler, tarifas y medicamentos. Vannelli lo definió como “Crédito Irresponsable. Sin topes de tasas, es decir, con tasas excesivas”. Su iniciativa busca modificar la Ley de Consumidores provincial N°13.133 para incorporar el crédito responsable, la ficha estandarizada del crédito, un mínimo vital protegido, un proceso administrativo gratuito en las OMIC y un proceso judicial de rehabilitación.
También apunta al acoso de los cobradores, que en la Provincia pasó de 393 a 1.237 denuncias: “Esto de estar llamando a cualquier horario no va, de estar contactando a tu empleador tampoco, y esto de estar contactando a tu familia menos”. De esta manera, mientras el Gobierno se corre y dice que la deuda de las familias es un asunto entre privados, el Frente Renovador lleva soluciones concretas al Congreso, a la Legislatura bonaerense y a la Legislatura porteña.
Por otro lado, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco Caporiccio, contó que 1 de cada 3 personas con deuda está en morosidad y describió una novedad generacional: “Muchos jóvenes conocen primero la deuda o un préstamo de una fintech, antes de tener un trabajo estable o un empleo en genera”. Por su parte, Caporiccio expresó que la legislatura porteña aprobó un proyecto de desendeudamiento familiar (que apoyó el FR a la iniciativa de su par Leandro Santoro) el cual consiste en una línea de créditos del Banco Ciudad y ocho bancos privados, con 24 cuotas y tasas de entre 30% y 35%, abierta hasta el 13 de octubre, y que en caso de incumplimiento por parte de las entidades bancarias se respaldará con una medida cautelar para su aplicación efectiva.
A quienes repiten desde el Gobierno que nadie le puso un arma en la cabeza a los deudores, Caporiccio les respondió: “Esa pistola en la cabeza es el modelo económico que están llevando adelante”. Y aclaró que su bloque trabaja además en un proyecto sobre cobranzas extrajudiciales y en un registro de empresas que incumplen la Ley N°6171.
Para darle un abordaje integral, un representante del Poder Judicial, Dr. Claudio Fede, juez de Cámara de San Martín y autor del libro “Consumidores sobreendeudados”, explicó el mecanismo de las pequeñas quiebras, una herramienta a la que recurren las personas para afrontar el endeudamiento que hoy atraviesa a toda la sociedad. Fede se detuvo en el efecto que tiene sobre la dignidad de los ciudadanos no poder pagar una deuda y en el rol que le cabe al derecho y a la Justicia cuando una familia queda en una situación financiera crítica. En ese marco, remarcó que la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario es una ley de orden público: la deuda es privada, pero eso no habilita a los privados a regularse a sí mismos, porque el crédito está inserto en un contexto social y económico que los excede.
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