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Expertos internacionales piden preservar la memoria y reparación de las víctimas de la dictadura en Argentina. El informe señala que las acciones oficiales no son ajustes administrativos, sino ataques directos a la memoria, la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.
En un comunicado desde Ginebra, expertos independientes de la ONU manifestaron su “profunda preocupación” por el rumbo de las políticas de derechos humanos en Argentina, a poco de cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.
El organismo advirtió que las medidas del gobierno de Javier Milei están socavando los pilares de la justicia transicional que convirtieron al país en un referente mundial en la materia.
El informe señala que las acciones oficiales no son ajustes administrativos, sino ataques directos a la memoria, la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.
Entre las medidas señaladas se encuentran la reducción del papel del Estado en las investigaciones penales sobre crímenes de lesa humanidad, la obstrucción del acceso a archivos de la dictadura, el debilitamiento de mecanismos de reparación y apoyo a las víctimas, y el desmantelamiento de instituciones dedicadas a la memoria y la promoción de derechos humanos.
Los expertos también expresaron alarma ante instancias de negacionismo y glorificación de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, los discursos estigmatizantes contra víctimas y organizaciones, y las descalificaciones a políticas de justicia transicional. Asimismo, hicieron un llamado a no indultar a militares condenados por crímenes de lesa humanidad, recordando que esos indultos están prohibidos por normas internacionales.
“Estas medidas socavan la democracia y el Estado de derecho, y debilitan las garantías de no repetición”, advirtieron.
La ONU instó al gobierno de Milei a restaurar las instituciones desmanteladas y consolidar el legado de justicia transicional para garantizar una reconciliación efectiva y la protección de los derechos humanos, evitando que Argentina cometa errores del pasado.
El pronunciamiento subraya que garantizar memoria, verdad, justicia y reparación no es opcional, sino un mandato legal del Estado argentino frente a su historia reciente.
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