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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicita la inmediata conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia y declarar inconstitucional el DNU de Milei. “La SIDE podrá detener personas sin orden judicial y realizar espionaje político sin control, lo que genera una grave afectación a los derechos civiles y políticos”. Descargá el informe completo.
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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) alerta sobre la gravedad institucional de la reforma a la Ley Nacional de Inteligencia N° 25.520, dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 941/2025. Esta modificación, realizada sin justificar la necesidad ni la urgencia y legislando sobre materia penal -lo que está expresamente prohibido por la Constitución Nacional- implica una grave afectación a derechos civiles y políticos, lesiona gravemente leyes constitutivas de nuestra democracia -seguridad interior y defensa nacional- y vulnera principios básicos del sistema republicano y democrático de gobierno, consolidando el secretismo, la nula publicidad y difusión de los actos públicos. La creación de una «policía secreta» que podrá detener personas sin orden judicial y el fortalecimiento de la SIDE que dispondrá de más recursos y atribuciones sin rendir cuentas, impactan gravemente en la democracia. La CPM presentó un informe al Congreso de la Nación requiriendo el rechazo de este decreto y solicitando la inmediata conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia para controlar estás iniciativas.
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Desde su experiencia en la gestión y análisis del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otros archivos de inteligencia producidos durante la última dictadura cívico-militar, la CPM advierte que esta reforma habilita prácticas que remiten a los períodos más oscuros de la historia argentina: concentración extrema de poder, secretismo, espionaje político, ausencia de controles efectivos sobre los organismos de inteligencia y detenciones ilegales sin orden judicial.
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El decreto otorga facultades extraordinarias y discrecionales a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al crear, bajo su conducción, una Comunidad de Inteligencia Nacional que integra a organismos de inteligencia, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, y otros organismos públicos que no forman parte del sistema de inteligencia, como el RENAPER o la Dirección Nacional de Migraciones. Esta estructura reedita lógicas propias de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) de la dictadura, confunde los límites entre defensa nacional y seguridad interior y habilita el intercambio masivo de información sensible de la ciudadanía sin límites ni controles.
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La reforma consagra además un régimen de opacidad absoluta, al declarar encubiertas todas las actividades del sistema de inteligencia, incluidas las operativas, doctrinarias y presupuestarias. La SIDE pasa a administrar fondos sin rendición de cuentas ni control externo, consolidando un sistema cerrado y ajeno a cualquier forma de fiscalización democrática.
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Uno de los aspectos más graves del decreto es que habilita el espionaje político y a la prensa. Si bien la legislación anterior prohibía expresamente a los organismos de inteligencia influir o intervenir en la vida política, social, sindical, partidaria y en los medios de comunicación, la reforma introduce excepciones amplias e imprecisas bajo el concepto de “contrainteligencia”. Estas definiciones permiten considerar como amenazas posibles a organizaciones sociales, gremiales, políticas, periodistas o defensores de derechos humanos que cuestionen o investiguen al gobierno, habilitando su persecución.
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Asimismo, el decreto crea la facultad de adoptar “medidas pasivas” de contrainteligencia para evitar filtraciones o el conocimiento público de información gubernamental, lo que constituye un claro avance sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, y anuncia un escenario de vigilancia sobre quienes investigan hechos de corrupción o violaciones de derechos humanos.
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La reforma también crea de hecho una “policía secreta”, al autorizar a los agentes de inteligencia a privar de la libertad a personas sin orden judicial ni control alguno, durante el desarrollo de actividades de inteligencia. Esta facultad, creada por decreto, es manifiestamente inconstitucional y representa un gravísimo riesgo para la libertad personal, especialmente para manifestantes, opositores políticos, periodistas y organizaciones de derechos humanos. Los agentes podrán actuar sin identificación, solicitar apoyo de fuerzas armadas y de seguridad, y alojar a las personas detenidas en lugares no especificados, sin garantías mínimas de defensa ni control judicial.
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A ello se suma la posibilidad de tercerizar funciones de inteligencia en personas o entidades privadas, habilitando que tareas represivas y de vigilancia sean realizadas por actores que no son funcionarios públicos ni están sujetos a controles estatales.
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El decreto también habilita a las Fuerzas Armadas a realizar espionaje político interno, al transferir la inteligencia militar a un ámbito de control estrictamente militar y permitir la producción de información sobre “organizaciones no estatales” en tiempo de paz, en abierta violación de la Ley de Defensa Nacional y de los consensos democráticos que, desde 1983, limitaron el rol de las Fuerzas Armadas.
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Este avance del poder de inteligencia se produce, además, en un contexto de deserción del Poder Judicial y del Poder Legislativo. La mayoría de las investigaciones judiciales sobre inteligencia ilegal han sido archivadas o cerradas sin responsables, y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso no se encuentra conformada, dejando sin control a uno de los poderes más sensibles del Estado.
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Por todo ello, la Comisión Provincial por la Memoria solicita al Congreso de la Nación la inmediata conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia y el rechazo del DNU 941/2025, y al Poder Judicial de la Nación que declare su inconstitucionalidad, cumpliendo su rol de garante de los derechos y libertades democráticas. La regulación de las actividades de inteligencia debe ser materia de debate parlamentario, público y democrático, y no el resultado de decisiones unilaterales que habilitan prácticas incompatibles con el Estado de derecho.
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